En medio de la compleja realidad de nuestro país, recrudecida por la pandemia de COVID-19, no debemos olvidar que uno de los temas cruciales para la sociedad es la necesidad de combatir la corrupción [1]. Es una prioridad ineludible, de cuya atención depende la existencia y consolidación de condiciones políticas, sociales y económicas justas.
La corrupción es un mal estructural que ha obstaculizado el desarrollo y la consolidación de las instituciones públicas necesarias para la vida democrática y para el acceso a la justicia. Las instituciones débiles son un incentivo para el incremento de la criminalidad y la violencia. Y lo son frente a la falta de equidad, al carecer de autoridad para exigir el cumplimiento de la normatividad laboral, ambiental o fiscal.
Aunque la corrupción ofrece atajos frente a las obligaciones y es empleada como mecanismo de reducción de costos, sus costos sociales, económicos y políticos son altamente perjudiciales: desincentiva la competencia y la productividad, deteriora la calidad de los servicios públicos, obstaculiza las funciones de monitoreo y sanción, eleva costos de infraestructura en la misma medida en que reduce su seguridad e implica no solo una transacción entre funcionarios y clientes, sino robos a la hacienda pública.
Sus consecuencias resultan corrosivas, socavan la confianza en las instituciones, pero sus consecuencias no quedan ahí. Atenta contra la ética y la justicia. Tráfico de influencias, ejercicio arbitrario del poder y presencia continua de múltiples formas de extorsión en la vida cotidiana dan cuenta de prácticas normalizadas que no solo reproducen, sino que amplían las desigualdades. El esfuerzo personal es desalentado, igual que los méritos y los derechos humanos, pues la capacidad de pago de sobornos se convierte en el criterio dominante frente al acceso democrático a los servicios públicos.
La prevención y erradicación de la corrupción es una obligación del Estado, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aunque, por la presencia y el arraigo que ésta tiene, es responsabilidad de todos seguir dando la batalla contra esta plaga. En diciembre pasado, representantes de distintas organizaciones entregamos al Congreso del Estado una propuesta para reformar leyes relacionadas con el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL). Se trata de un trabajo realizado por diversas instancias de la sociedad civil, empresariales y universitarias que comenzó a mediados de 2018.
En colaboración con el Comité Coordinador del SEAJAL, nos dimos a la tarea de elaborar lo que llamamos una “reforma 2.0” del aparato anticorrupción de Jalisco. Nuestra iniciativa tuvo su origen en 2017, cuando el Congreso de Jalisco aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Aunque los instrumentos para garantizar su aplicación quedaron pendientes.
Nuestra propuesta de reforma propone siete puntos que buscan fortalecer la legislación para que el SEAJAL sea una instancia eficiente. Destaco entre estos puntos la necesidad de adoptar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, así como el impulso que debe darse a la integridad empresarial, en favor de lograr que el interés de las empresas corresponda con el interés de toda la sociedad. Por otro lado, es fundamental fortalecer la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de recursos y reforzando sus capacidades de investigación.
En el ITESO comenzó a impartirse el año pasado la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción, a fin de contribuir a prevenir y erradicar la corrupción mediante la formación de profesionales con un perfil ético y responsable en el uso de los recursos públicos. El posgrado forma parte de un amplio conjunto de acciones orientadas al combate anticorrupción, como el Observatorio Legislativo, la colaboración con el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos y nuestra participación en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
El combate a la corrupción requiere enfoques amplios, abordes interdisciplinarios y amplia participación social en todos los niveles. No podemos escudarnos en su arraigo ni en las condiciones culturales para retrasar su erradicación, es necesario empezar ya, sobre todo en las áreas que generan mayores costos para el conjunto de la sociedad.
Hago votos para que prospere la propuesta presentada ante el Congreso, pues ello supondría un avance significativo en la lucha contra la corrupción, en la medida en que se dotaría al SEAJAL de mejores instrumentos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y de impunidad. En ello está en juego no solamente la recuperación de la confianza en las instituciones, sino también nuestro futuro como una sociedad que aspira a ser cada vez más democrática y más justa.
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[1] La encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017, del INEGI, indica que la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que más preocupan a los mexicanos.
Dr. Luis Arriaga, S.J. es Rector del ITESO. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó la Maestría en Filosofía Social en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Maestría en Derecho (LLM) en la Universidad de Fordham, Estados Unidos. Doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, California y postdoctorado en la Universidad de Stanford.
Muy buen aporte