Según el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 realizado por el World Justice Project, donde un puntaje cercano a 1 significa una adherencia más fuerte al Estado de Derecho, el promedio en México es de .39, y Jalisco se encuentra en la posición 26 de 32 con un puntaje de .37. Resalta la falta de conocimiento de las personas de sus derechos, su protección efectiva ante la ley, y el cumplimiento regulatorio (en éste último Jalisco tiene un puntaje de .34). Si bien este Índice se enfoca principalmente en el actuar de las instituciones públicas, el cumplimiento y adherencia a las normas es responsabilidad de todos. Ante este panorama consideramos que no podemos depender de un actuar efectivo de las autoridades sin un sólido compromiso ciudadano: nuestro comportamiento individual ante la comunidad, y el de las instituciones privadas.
Cuando hablamos de integridad empresarial, pensamos en una empresa que cumple con la normatividad aplicable, actúa apegada a sus valores y principios, y más recientemente, implementa una política de integridad que contempla instrumentos como códigos de ética y conducta, mecanismos internos de denuncia y control de riesgos, y una mayor transparencia y rendición de cuentas de sus actividades.
En el Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco creemos que la integridad empresarial debería ir más allá del cumplimiento normativo, y que la infraestructura que contemplan las políticas de integridad es insuficiente no solo para prevenir actos de corrupción, sino para un desarrollo sostenible y equitativo para todos. Así, consideramos la integridad empresarial desde una perspectiva más progresista y armonizada no solo con las regulaciones aplicables, sino con las necesidades reales de México, y con las posibilidades de una empresa de ser un agente de cambio social.
Nuestra visión de integridad corporativa contempla el cumplimiento normativo, pero acompañado de acciones y decisiones adicionales encaminadas a crear bienestar para los grupos de interés de las empresas, desde sus clientes hasta las comunidades donde operan.
En conjunto con Worth Street Group y con la asesoría del Centro de Investigación sobre Ética Corporativa de la Escuela de negocios de Wharton construimos un Estándar de Integridad Empresarial para México para guiar a las empresas en su transformación interna y ser agentes de cambio. Los resultados esperados de este Estándar son:
- Las empresas podrán conocer sus obligaciones legales, desde las más comunes hasta las más específicas por giro y tipo de actividad empresarial.
- Podrán iniciar con una estrategia de cumplimiento normativo conforme a los riesgos legales a los que están expuestas.
- Elaborar una estrategia de integridad que vaya más allá del cumplimiento normativo con indicadores para medir el progreso.
- Promover una cultura corresponsabilidad con el entorno social y medio ambiental, y una cultura de transparencia y rendición de cuentas en torno a la implementación de su estrategia de integridad.
En el contexto que vivimos, un intercambio monetario por recursos naturales y humanos ya no es suficiente, sino que se tiene que buscar un desarrollo personal, social, y medioambiental con integridad, respeto y dignidad. Al medir y cuantificar el impacto social y ambiental de las empresas, a través del cumplimiento normativo mínimo, y de indicadores efectivos de impacto que trascienden las normas vigentes, lograremos el fortalecimiento institucional del país, y una transformación social significativa.
Este Estándar de Integridad Empresarial mide el impacto social y la capacidad de transformación a través de la actividad productiva y de cómo se relaciona la empresa con los actores que intervienen o que son afectados directa e indirectamente por su actividad. Esto lo hace a través de evaluar la efectividad de las políticas implementadas con base en evidencia empírica. Así, podremos conocer si los esfuerzos de las empresas en términos de integridad producen resultados tangibles.
La metodología utilizada para realizar los indicadores del estándar se basa en ejercicios de evaluación desarrollados en colaboración con el Centro de Investigación sobre Ética Corporativa de Wharton, además de los lineamientos desarrollados por el Foro Económico Mundial, la OCDE y Naciones Unidas.
Este estándar esta dividido en cuatro dimensiones que corresponden con las dimensiones internacionales en responsabilidad social empresarial: Medio ambiente, Social y Gobernanza. Nosotros proponemos una cuarta dimensión, Espacio Cívico, donde se contemplan las relaciones que tiene la empresa con autoridades, con asuntos de interés público, y su rol en el fortalecimiento institucional del país.
Los temas, subtemas e indicadores están inspirados en los componentes normativos relacionados con las cuatro áreas mencionadas anteriormente, así como aterrizados a resolver los problemas y necesidades específicos de México. Cada uno de ellos se cataloga en 4 niveles de cumplimiento, que van desde el mínimo requerido por ley, hasta las acciones que puede emprender una empresa para generar valor compartido. Éstos son:
- Cumplimiento normativo
- La empresa hace lo que es considerado correcto
- La empresa toma decisiones basadas en las necesidades de sus grupos de interés
- La empresa toma decisiones propiciando una transformación consistente en el tiempo
El primer nivel de cumplimiento está relacionado con el cumplimiento normativo vigente. Para esto, hemos identificado las normas federales y estatales y jurisprudencia aplicable a cada uno de los subtemas para contrastar con regulaciones internas que cumplen con estas obligaciones. En este nivel se mide el mínimo requerido por ley para poder operar desde un punto de vista legal. A diferencia de otras métricas de integridad corporativa, no solo contemplamos la existencia de la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la ley, sino la correcta aplicación de la misma, y los efectos que ésta ha tenido.
Del segundo al cuarto nivel se basa en los pasos adicionales, que van más allá de la normativa vigente, que toma la empresa para lograr una transformación social. Con base en las necesidades sociales y ambientales identificadas en México, se establecieron criterios de deber ser para identificar qué tanto una empresa modifica sus procesos internos y obligaciones externas para ser proveedores de bienestar en un sentido más amplio; desde luego tomando en cuenta solo aquellos aspectos que están dentro de la capacidad de incidencia de las empresas, y algunos son específicos por industria. En estos niveles se evalúa con base en resultados obtenidos en la implementación de estas políticas.
Este estándar parte de la premisa de que la empresa no solo es un actor social más, sino un ciudadano con derechos, obligaciones y responsabilidades. Éstas no solo son las dictadas por ley, sino responsabilidades en un sentido más amplio, como de creadores de bienestar y transformación social con valor para todos.
Autores:
Manuel Espinoza de los Monteros; Socio Worth Street Group y Senior Fellow Wharton Business School
Ana María Petersen Camarena; Directora del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco