Integridad y Derecho

Quienes ejercemos la abogacía tenemos la obligación moral de jugar un papel activo en el fortalecimiento del estado de derecho, así como en la promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos de nuestra comunidad. Ya sea en el ejercicio libre del derecho, la academia, la judicatura o el servicio público, los hombres y mujeres de leyes, conscientes y sensibles a esta complejidad, tenemos el importantísimo deber de contribuir a la construcción de una sociedad libre, de paz y de bienestar, y por lo tanto a la consolidación de un México más justo.

Las y los abogados debemos tomar conciencia de que sobre nuestros hombros pesa la enorme responsabilidad de exigir justicia, y para lograrlo -además del conocimiento del derecho- resulta necesario sujetar nuestro actuar a la ética y la integridad personal y profesional. Principios como la vocación de servicio, la independencia, el respeto, la responsabilidad y la igualdad, por mencionar solo algunos, generan confianza y por lo tanto inciden de manera directa en el prestigio que tenemos o que vamos ganando.

Un obstáculo para lograrlo es la pérdida de autenticidad, de unidad y coherencia para con los valores que nos comprometen, que suele presentarse ante las oportunidades de satisfacer nuestros intereses egoístas o cuando estos están en peligro, generándose así prácticas de corrupción, la comisión de ilícitos, beneficios indebidos, entre otras conductas. Un comportamiento íntegro, por el contrario, logra materializar o poner en práctica los principios y valores éticos permitiéndonos hacer lo correcto, lo que es debido, en las circunstancias o dilemas que se nos presentan, a pesar de las consecuencias o inconvenientes e independientemente de si estamos o no siendo observados.

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”, señalaba con razón el gran filósofo hispanorromano, Lucio Anneo Séneca. Por eso, es oportuna y necesaria la iniciativa impulsada a través del Pacto por la Integridad y el Bien Ser de Jalisco, para comenzar a asumir públicamente compromisos individuales e institucionales en la medida que a cada quien nos corresponde; en nuestro caso, a tener un ejercicio comprometido con la justicia y las buenas causas, a profesionalizar nuestro trabajo y a que seamos copartícipes en la recomposición social e institucional que tanto anhelamos y merecemos para nuestro país.

Tenemos hoy la oportunidad histórica de dignificar nuestra profesión y esto no podrá ocurrir si no es el contexto de nuestra propia integridad y bien ser.

Enrique Aldana es abogado administrativista, con experiencia en fiscalización, control interno y sistemas anticorrupción; se desempeña actualmente como Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara.